EL FALLO QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS: LA JUSTICIA RESPONSABILIZA AL ESTADO Y A UN JUEZ POR EL FEMICIDIO DE PAOLA TACACHO

La Justicia reconoció que el Estado fue responsable del femicidio de Paola Tacacho La Cámara Contencioso Administrativa condenó al Gobierno provincial y al exjuez Juan Francisco Pisa a pagar una millonaria indemnización. La madre de la docente, asesinada en 2020 tras múltiples denuncias ignoradas, habló de memoria, dolor y lucha: “Estamos logrando lo que ella no logró”.

Policiales14 de septiembre de 2025Natalia YapuraNatalia Yapura
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Foto: Contexto Tucumán

“Siempre supimos que el Estado fue y será responsable del femicidio de Paola”. La frase de Mariela Tacacho, madre de la joven asesinada en 2020, no es solo una declaración: es el eco de una lucha incansable que, cuatro años después, logró que la Justicia reconociera oficialmente lo que durante años fue desoído.

El crimen de Paola Tacacho estremeció a Tucumán y al país. La docente de inglés fue asesinada a puñaladas por Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la acosó durante más de cinco años. A lo largo de ese tiempo, Paola presentó al menos trece denuncias penales que no prosperaron. Una de las más graves fue archivada por el juez Juan Francisco Pisa, cuya omisión se convirtió en una pieza clave del entramado de negligencias que terminó en tragedia.

Esta semana, la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán sentenció que el Estado provincial y Pisa deberán indemnizar a la familia de la víctima con $36,4 millones más intereses. El fallo, inédito en su tipo, no solo establece la responsabilidad institucional del Estado por no haber protegido a la joven, sino que individualiza la culpabilidad del magistrado, quien ya había sido destituido por su actuación en el caso.

“La gente no sabe todo lo que hicimos. Cuando empezamos a ver el recorrido que había hecho Paola, nos quedamos paralizados”, expresó Mariela, al conocer la sentencia. A través de sus palabras, el fallo cobra otra dimensión: la de una madre que convirtió el duelo en motor de justicia.

El tribunal consideró probado que hubo “falta de servicio” por parte del Estado y que la inacción de Pisa fue un “factor causal relevante” del crimen. La resolución sienta un precedente jurídico clave: la violencia institucional también mata, y sus responsables pueden —y deben— ser juzgados.

Lejos de buscar una reparación económica, la familia Tacacho se volcó a esta instancia judicial por convicción. “Nosotros no queríamos hacer este juicio. Nos lo pidieron las organizaciones, los abogados, la gente que nos acompañó. Nunca fue por plata”, aclaró Mariela. Y agregó: “Nada me va a devolver a mi hija, pero al menos ahora se reconoce que hubo responsables”.

La sentencia se inscribe en un contexto de crecientes demandas por la efectiva implementación de la Ley Micaela y una verdadera perspectiva de género en la Justicia. Condenar a un juez en lo personal representa un mensaje claro: la indiferencia ante la violencia machista tiene consecuencias legales.

Mientras avanza la producción de un documental sobre el caso, que podría estrenarse en octubre, Mariela resume el sentido de su lucha: “Toda la fuerza que yo tengo me la da mi hija. Estamos peleando por lo que ella no logró. Y ahora nos confirman que lo que siempre dijimos era verdad: el Estado es responsable”.

Fuente: La Gaceta

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