EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD PERO APLAZA SU IMPLEMENTACIÓN

Luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara la sanción original, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.

No obstante, la aplicación de la norma quedó suspendida. Tal como había anticipado días atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ejecutivo decidió frenar su ejecución hasta que el Congreso precise las fuentes de financiamiento y contemple las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. La decisión responde al impacto fiscal que implicaría la puesta en marcha de la ley.

Según estimaciones del Gobierno, la creación de una nueva pensión prevista por la ley representaría un gasto de $2,17 billones para 2025 (0,26 % del PBI) y de $4,7 billones para 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suman los costos asociados al programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con un impacto adicional de $574.200 millones en 2025 (0,07 % del PBI) y $1,24 billones en 2026 (0,12 % del PBI). También se incluye una compensación económica de emergencia para prestadores, estimada en $278.323 millones (0,03 % del PBI).

En total, la implementación de la ley requeriría un crédito presupuestario de $3,02 billones, equivalente al 0,35 % del PBI.

El Poder Ejecutivo argumentó que la ley no cumple con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma con impacto presupuestario especifique los recursos necesarios para su financiamiento. A su vez, citó el artículo 5 de la Ley N° 24.629, que establece normas complementarias para la ejecución del presupuesto nacional.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente" cómo se financiarán las erogaciones que supone la nueva legislación. También señalaron que la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas no constituye una fuente de financiamiento “concreta, específica, actual y suficiente”.

El Gobierno ya había vetado la ley mediante el Decreto 534/2025, advirtiendo que cualquier expansión de prestaciones debía diseñarse con “criterios de viabilidad financiera” y que la falta de previsión presupuestaria ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema de atención. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con la aprobación de la ley por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

El texto oficial subraya que el presupuesto vigente de la Administración Nacional carece de fondos suficientes para cumplir con la normativa. Incluso si se utilizaran todos los créditos disponibles de los tres poderes del Estado, el monto seguiría siendo insuficiente. Actualmente, el crédito disponible sin afectar servicios sociales asciende a poco más de $2,3 billones, cifra que no cubre el costo total estimado.

El Ejecutivo ya notificó formalmente al Congreso sobre la promulgación y espera que se definan las medidas presupuestarias necesarias para poder avanzar en la implementación efectiva de la ley.

REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA REFORZAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En paralelo, el Gobierno dispuso una readecuación presupuestaria a través de la Decisión Administrativa 24/2025, también publicada este lunes. La medida aumenta los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, y comenzará a regir el 1° de octubre.

Esta modificación busca atender reclamos de actualización por parte de los prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad, particularmente dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Para financiar este refuerzo, se redujo la partida asignada a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, habitualmente utilizada para gastos generales del Estado.

Aunque la ejecución de la Ley 27.793 permanece suspendida, el Ejecutivo decidió avanzar con este ajuste presupuestario para dar respuesta a las demandas del sector, mientras se espera que el Congreso defina cómo se financiará integralmente la emergencia nacional en discapacidad.

Fuente: Los Primeros