REORGANIZACIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE TUCUMÁN

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán presentó una reorganización interna que incluye la creación del cargo de Secretario Adversarial y nuevos lineamientos para unificar criterios, mejorar la eficiencia y reforzar la digitalización del sistema judicial. La iniciativa ya genera reacciones divididas en el ámbito judicial.

26 de septiembre de 2025Natalia YapuraNatalia Yapura
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El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán ha presentado un documento orientado a reestructurar su funcionamiento interno, buscando unificar criterios, transparentar los procedimientos y mejorar la eficiencia del sistema judicial en la provincia. La disposición, firmada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, ya está generando reacciones en el ámbito judicial.

El escrito destaca la necesidad de ofrecer un servicio judicial más ágil y previsible. Entre sus puntos clave, establece que todas las fiscalías deben aplicar criterios uniformes en la gestión de expedientes, con el fin de evitar desigualdades y retrasos. Además, ordena que cada actuación procesal se registre en sistemas electrónicos accesibles, consolidando así la digitalización como norma.

Uno de los cambios más significativos es la creación del cargo de Secretario Adversarial, cuya responsabilidad será distribuir las tareas entre auxiliares fiscales y legajistas, supervisar el cumplimiento de los plazos procesales y coordinar las audiencias. Esta función también incluye el control del personal, la autorización de licencias y la aplicación de las políticas criminales del MPF. Paralelamente, se incorpora el rol del legajista, encargado de organizar y facilitar la gestión de los casos para fiscales y auxiliares.

La acordada busca además un uso equilibrado de los recursos humanos y materiales, para evitar la sobrecarga en algunas fiscalías frente a la baja actividad en otras. Al mismo tiempo, establece la necesidad de capacitación continua para fiscales y empleados, especialmente en el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal, con un enfoque particular en delitos complejos como narcotráfico, violencia urbana y cibercrimen.

Según el MPF, este nuevo esquema pretende aumentar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia, optimizar los tiempos y fortalecer la legitimidad institucional. No obstante, las opiniones han sido variadas: mientras algunos valoran la definición de reglas claras, otros cuestionan la incorporación de nuevos cargos en una estructura ya percibida como excesivamente burocrática.

También se manifestaron reclamos por traslados de empleados que llevaban años trabajando junto a fiscales y que ahora fueron reasignados a otras dependencias.

Esta iniciativa se presenta como un esfuerzo contundente del MPF para ordenar su funcionamiento y atender críticas históricas relacionadas con la dispersión de criterios y la lentitud en los procesos. Queda por verse si estas medidas, plasmadas en el papel, se implementan efectivamente en la práctica diaria y consiguen acercar la justicia a los ciudadanos, recuperando la confianza que gran parte de la sociedad demanda.


Fuente: Contexto Tucumán

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